Una sentencia que sigue avasallando los derechos de los campesinos
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La semana pasada se conoció la sentencia en el juicio oral y público por el asesinato del campesino santiagueño Cristian Ferreyra. Las audiencias se hicieron en la ciudad de Monte Quemado, provincia de Santiago del Estero y el tribunal estuvo constituido por Élida Suárez de Bravo, María Angélica Peralta de Aguirre y Federico López Alzogaray. Los jueces debieron resolver las acusaciones contra Javier Juárez, como autor material del hecho, y del empresario Jorge Ciccioli, como autor intelectual.
Cristian Ferreyra fue asesinado el 16 de noviembre de 2011. Ese día se encontraba en una asamblea junto a otros compañeros del Movimiento Campesino de Santiago del Estero – Vía Campesina (MOCASE-VC). Javier Juárez llegó en una moto y preguntó con insistencia por Cristian. Cuando este salió le disparó en la pierna con un arma de fuego. El campesino murió desangrado antes de llegar a un centro de atención médica en Monte Quemado. Fue asesinado por defender la tierra de su gente, aquella tierra de la que viven y forman parte.
Durante un mes se escucharon los testimonios que contaron, por un lado, el contexto general de la situación diaria que viven las comunidades campesinas de Santiago. Por otro lado, lo ocurrido el 16 de noviembre de 2011, cuando el sicario del empresario agrario Ciccioli asesinó a Cristian. El fiscal de la causa, Guillermo Lozano, había pedido 14 años y 6 meses para el presunto autor material del crimen, Javier Juárez; y 5 años para Ciccioli y el resto de los imputados: Carlos Abregú, Mario Abregú, Víctor Juárez y Walter Juárez, todos empleados del empresario y considerados autores intelectuales. Por su parte, la querella, a cargo de Pablo Ibáñez, solicitó 25 años para Juárez y 16 años para el empresario santafesino.
El día 9 de diciembre, con el salón de audiencias lleno de familiares, amigos y militantes del MOCASE, el tribunal condenó a diez años de prisión a Javier Juárez, como autor material del asesinato de Ferreyra y absolvió al resto de los imputados, entre ellos el empresario agrícola. El 2 de febrero de 2015 se conocerán los fundamentos de la decisión del tribunal. “De alguna manera teníamos la esperanza de que la justicia pudiera mirar, una vez en la historia, la injusticia para el campesinado, pero lamentablemente no ha ocurrido eso hoy. Tenemos mucho dolor e impotencia”, contó al Informativo FARCo (Foro Argentino de Radios Comunitarias) Deolinda Carrizo, referente del MOCASE- VC, al salir de la sala de audiencias, y agregó “la dignidad campesina sigue. Con lucha y organización conseguiremos justicia”.
Cristian Ferreyra, Miguel Galván y tantos campesinos que a diario sufren situaciones de violencia, desalojos, amenazas y cuya matriz es siempre la misma: grandes empresarios que buscan avanzar con sus negocios en tierras donde habitan familias campesinas que tienen derechos ancestrales sobre ellas. A la pregunta de cómo se termina con esta situación Deolinda dice que es necesario un cambio de paradigma en la concepción de la producción de alimentos, “se necesita la garantía de la soberanía alimentaria de los pueblos”. Además, se debe reestructurar un camino que está hecho para que se pueda transformar el modelo de acaparamiento de tierras que se viene dando. “Es necesario reconocer la propiedad colectiva en donde viven los campesinos”, enfatizó.
Deolinda, con el dolor de haber escuchado una sentencia que no esperaba, se anima a soñar. En su voz se escuchan las voces de miles que luchan por sus derechos desde hace años: “(tenemos que) llegar a hacer una reforma agraria integral y popular en nuestro país. Es algo que se tendría que ir buscando poco a poco”. El movimiento campesino está organizado. Cristian Ferreyra representa hoy un estandarte de lucha que no morirá con una sentencia poco feliz. Las manos curtidas de los campesinos seguirán levantándose y exigiendo justicia.